I.    Declaramos que la práctica sistemática del aborto voluntario es incompatible con el derecho a la vida. La muerte provocada de millones de niños antes de su nacimiento es una lacra social tan extendida que podemos hablar de que se está imponiendo una verdadera “cultura de la muerte”

II.  La cultura de la muerte es causada por una manipulación ideológica de los Derechos Humanos, que pretende excluir de su aplicación a los seres humanos antes del momento del nacimiento. A través de los medios de comunicación muchos Estados e Instituciones transmiten la idea de que el niño no nacido carece de derechos, bien porque no puede ser considerado como persona antes del nacimiento, bien porque ni siquiera se considera que existe un ser humano en las primeras etapas de su desarrollo.

III.   Esta mentalidad tiene que dar paso a la defensa del derecho a nacer de todos los hombres y mujeres, con independencia de las circunstancias en que su vida se está desarrollando.

IV.  El derecho a nacer se fundamenta en razones biológicas, filosóficas y jurídicas.

V.    El punto de partida se encuentra en la divulgación de los avances genéticos y científicos que permiten, hoy en día, determinar el llamado “estatuto biológico del embrión”, es decir, definirlo como un individuo, un ser humano desde el primer momento de su existencia. La ciencia permite reconocer la identidad de este individuo a lo largo de las sucesivas etapas de su desarrollo, y, por lo tanto, fundamentar su reconocimiento social y jurídico como persona.

VI.  Desde el punto de vista antropológico parece necesario comprender la condición personal -fundadora de los derechos elementales- como estructura ontológica del ser humano desde el primer momento de su existencia, no vinculando esa condición personal a la posibilidad de realizar actualmente determinadas operaciones (autoconciencia, libertad, etc.). El planteamiento contrario compromete la universalidad de los Derechos Humanos e introduce la posibilidad intolerable de una “jerarquía de dignidad” basada en criterios más o menos arbitrarios. Rechazamos, por tanto, la diferenciación entre un supuesto estatuto biológico del embrión diferente de su estatuto ontológico personal.

VII.   Limitar el concepto jurídico de persona a los que ya han nacido es correcto para determinados derechos que exigen por su propia naturaleza el previo nacimiento o el desarrollo de su personalidad: por ejemplo, el derecho al nombre, a adquirir un patrimonio o los derechos civiles. Pero se debe reconocer en los textos jurídicos como persona a todo individuo de la especie humana para proteger aquellos derechos que son inherentes a la dignidad de la naturaleza humana: en concreto el derecho a la vida, que en la etapa previa al nacimiento se concreta en el derecho a nacer. Por ello, no hay problema en decir que los hombres concebidos y no nacidos son personas y gozan del derecho a nacer y a que su vida sea defendida.  En nuestra opinión este es el sentido en que deben interpretarse las Declaraciones de Derechos y las normas jurídicas para que verdaderamente ningún individuo de la especie humana –persona- quede fuera del reconocimiento del derecho fundamental a la vida.                                                                     

VIII.  Los firmantes de este manifiesto pedimos a quienes ejercen la responsabilidad de la interpretación y aplicación de los derechos humanos que defiendan el derecho a  nacer de las personas y que promuevan en los Estados, instituciones y en la opinión pública, la lucha contra el aborto provocado, verdadero genocidio más horrible que los que hemos sufrido en el siglo XX.